Recientemente el Gobierno ha aprobado reducir las peonadas necesarias para optar al subsidio agrario pasando de 35 a 20. Estas ayudas sólo son de aplicación en Extremadura y Andalucía, los grandes feudos históricos del PSOE. Llama la atención que precisamente cuando las encuestas auguraban la posibilidad de perder en sus feudos tradicionales el gobierno socialista nos salga con esta. En Andalucía precisamente las provincias fieles al PSOE son las que más subsidiados poseen, a la cabeza Sevilla y a la cola Almería, en Sevilla el PSOE tiene su principal granero de votos y Almería es la provincia que más vota al PP. Viendo esto no estará tan lejos de la realidad eso del voto cautivo del campo andaluz.
Os dejo unos datos interesantes de agosto de 2009 publicados en el Economista.es.
Esta prestación la perciben 158.548 desempleados eventuales del campo en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. El 83,3% de los beneficiarios acreditó el derecho a cobrar con menos de siete jornadas mensuales.
Sólo en España puede ocurrir que haya oficialmente 95.101 parados en la agricultura en las 52 provincias y que los perceptores del Subsidio de Eventuales Agrarios (SEA), que sólo se aplica en 10 provincias (las ocho andaluzas y las dos extremeñas), alcance a 158.548 personas.
No es un fiasco estadístico, sino una realidad social pasmosa, debido a una legislación que prima a los parados agrarios de unas provincias sobre otras, mediante una ficción burocrática que sólo sirve para tapar el clientelismo político en dos regiones que tienen el dudoso honor de estar entre las que cuentan con más parados en Europa y, sorprendentemente, una estabilidad gubernamental de varios lustros.
La foto fija de esta singular situación administrativa del subsidio, que supone el 6% de los beneficiarios de prestaciones de desempleo de toda España, dice que a Andalucía le corresponden 137.092 mientras que en Extremadura hay 21.456. La provincia con más subsidiados es Sevilla, con 36.930 seguida de Córdoba y Jaén con 24.959 y 20.363, respectivamente. No por casualidad, el menor número de subsidiados está en Almería, con 4.784. En el mes de junio, la factura para el Estado de esta figura fue de 67.445.000 de euros, el 2,6% de todas las prestaciones nacionales. Esto hace una media de 425,3 euros por beneficiario, que no parece una cantidad elevada, salvo porque el 83,3% de los beneficiarios, es decir, 127.700, acreditaron de cero a siete jornadas trabajadas al mes.
Otra de las peculiaridades de este régimen de subvenciones es que sólo el 36,7 de los perceptores sean varones y el 63,3% restantes sean mujeres, cuando en el conjunto del desempleo agrario, la relación es casi la contraria, es decir, el 40,2% del paro son mujeres y el 59,8% son varones.
También es excepcional que el 62% de los perceptores de subsidio estén en el rango de edad entre 25 y 54 años, cuando en el conjunto de la agricultura española, el porcentaje de parados que corresponde a este rango es del 89,8%. Esto es debido a que los mayores de 52 años disponen de unas ventajas específicas, algunas sonrojantes, como la que hace referencia a los cargos públicos representativos o cargos sindicales de ámbito provincial o superior.
Además, el régimen del subsidio de los mayores de 52 años permite que una vez agotado el derecho al mismo se reanudará el derecho cada doce meses, "sin necesidad de acreditar jornadas reales cotizadas suficientes para generar otro" hasta que el trabajador alcance la edad de jubilación. Y si con todo ello no pueden cobrar..., todavía les queda la renta Agraria. Otra bicoca.
Os dejo unos datos interesantes de agosto de 2009 publicados en el Economista.es.
Esta prestación la perciben 158.548 desempleados eventuales del campo en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. El 83,3% de los beneficiarios acreditó el derecho a cobrar con menos de siete jornadas mensuales.
Sólo en España puede ocurrir que haya oficialmente 95.101 parados en la agricultura en las 52 provincias y que los perceptores del Subsidio de Eventuales Agrarios (SEA), que sólo se aplica en 10 provincias (las ocho andaluzas y las dos extremeñas), alcance a 158.548 personas.
No es un fiasco estadístico, sino una realidad social pasmosa, debido a una legislación que prima a los parados agrarios de unas provincias sobre otras, mediante una ficción burocrática que sólo sirve para tapar el clientelismo político en dos regiones que tienen el dudoso honor de estar entre las que cuentan con más parados en Europa y, sorprendentemente, una estabilidad gubernamental de varios lustros.
La foto fija de esta singular situación administrativa del subsidio, que supone el 6% de los beneficiarios de prestaciones de desempleo de toda España, dice que a Andalucía le corresponden 137.092 mientras que en Extremadura hay 21.456. La provincia con más subsidiados es Sevilla, con 36.930 seguida de Córdoba y Jaén con 24.959 y 20.363, respectivamente. No por casualidad, el menor número de subsidiados está en Almería, con 4.784. En el mes de junio, la factura para el Estado de esta figura fue de 67.445.000 de euros, el 2,6% de todas las prestaciones nacionales. Esto hace una media de 425,3 euros por beneficiario, que no parece una cantidad elevada, salvo porque el 83,3% de los beneficiarios, es decir, 127.700, acreditaron de cero a siete jornadas trabajadas al mes.
Otra de las peculiaridades de este régimen de subvenciones es que sólo el 36,7 de los perceptores sean varones y el 63,3% restantes sean mujeres, cuando en el conjunto del desempleo agrario, la relación es casi la contraria, es decir, el 40,2% del paro son mujeres y el 59,8% son varones.
También es excepcional que el 62% de los perceptores de subsidio estén en el rango de edad entre 25 y 54 años, cuando en el conjunto de la agricultura española, el porcentaje de parados que corresponde a este rango es del 89,8%. Esto es debido a que los mayores de 52 años disponen de unas ventajas específicas, algunas sonrojantes, como la que hace referencia a los cargos públicos representativos o cargos sindicales de ámbito provincial o superior.
Además, el régimen del subsidio de los mayores de 52 años permite que una vez agotado el derecho al mismo se reanudará el derecho cada doce meses, "sin necesidad de acreditar jornadas reales cotizadas suficientes para generar otro" hasta que el trabajador alcance la edad de jubilación. Y si con todo ello no pueden cobrar..., todavía les queda la renta Agraria. Otra bicoca.
Qué indignante, así nos va en Andalucía, el campo es fiel al que le da de comer y eso explica que el PSOE siga siendo la fuerza hegemónica en el interior y el PP gane por goleada en las capitales y la costa.
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