Como ya comenté en la entrada anterior, las declaraciones del ministro de Fomento traerían cola a lo largo de esta semana.
Noticia del diario Sur:
El ministro de Fomento, José Blanco, sembró el domingo la polémica con su idea de abrir una reflexión sobre la existencia de las diputaciones provinciales. Incluso en sus propias filas. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, advirtió que su partido no tiene aún una propuesta concreta sobre este asunto, pero dijo ser partidaria de incluir un análisis sobre el papel de estas entidades en el examen más general que se está llevando a cabo sobre la «racionalidad y eficacia» de los gastos públicos.
Acabar con ese escalón de la administración que, fundamentalmente, colabora en la gestión de la actividad municipal, sería en todo caso complicado. Primero, porque, como recordó el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, exigiría una reforma constitucional. Pero, además, porque sería muy difícil llegar a un consenso. La sola sugerencia genérica del vicesecretario general socialista provocó el entusiasmo y el recelo de los socialistas a partes iguales.
El más entusiasta fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien animó al Gobierno a recurrir al decreto. Pero allá donde los socialistas controlan estos entes, sobre todo en Andalucía y Extremadura, la reacción fue otra. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, abogó en Onda Cero por un acuerdo entre los dos grandes partidos, pero también advirtió de que «no es tiempo para estar soltando píldoras todos los días» sino para trabajar con «criterios objetivos». Y el vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco, avisó de que el Estatuto de Andalucía, recientemente aprobado, «reafirma» el trabajo diario de las diputaciones.
El PP tampoco se mostró especialmente dispuesto a secundar la idea. La secretaria general de la formación, Dolores Cospedal, adujo que habría que abordar una racionalización de todo el sector público «antes de empezar a hablar de organismos concretos».
Lo cierto es que, hace apenas una semana, su jefe de filas, Mariano Rajoy, defendió como una buena idea la disminución del número de ayuntamientos llevada a cabo en Grecia para adelgazar el tamaño de la administración. Esa fue otra de las sugerencias de Blanco.
Noticia del diario Sur:
El ministro de Fomento, José Blanco, sembró el domingo la polémica con su idea de abrir una reflexión sobre la existencia de las diputaciones provinciales. Incluso en sus propias filas. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, advirtió que su partido no tiene aún una propuesta concreta sobre este asunto, pero dijo ser partidaria de incluir un análisis sobre el papel de estas entidades en el examen más general que se está llevando a cabo sobre la «racionalidad y eficacia» de los gastos públicos.
Acabar con ese escalón de la administración que, fundamentalmente, colabora en la gestión de la actividad municipal, sería en todo caso complicado. Primero, porque, como recordó el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, exigiría una reforma constitucional. Pero, además, porque sería muy difícil llegar a un consenso. La sola sugerencia genérica del vicesecretario general socialista provocó el entusiasmo y el recelo de los socialistas a partes iguales.
El más entusiasta fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien animó al Gobierno a recurrir al decreto. Pero allá donde los socialistas controlan estos entes, sobre todo en Andalucía y Extremadura, la reacción fue otra. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, abogó en Onda Cero por un acuerdo entre los dos grandes partidos, pero también advirtió de que «no es tiempo para estar soltando píldoras todos los días» sino para trabajar con «criterios objetivos». Y el vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco, avisó de que el Estatuto de Andalucía, recientemente aprobado, «reafirma» el trabajo diario de las diputaciones.
El PP tampoco se mostró especialmente dispuesto a secundar la idea. La secretaria general de la formación, Dolores Cospedal, adujo que habría que abordar una racionalización de todo el sector público «antes de empezar a hablar de organismos concretos».
Lo cierto es que, hace apenas una semana, su jefe de filas, Mariano Rajoy, defendió como una buena idea la disminución del número de ayuntamientos llevada a cabo en Grecia para adelgazar el tamaño de la administración. Esa fue otra de las sugerencias de Blanco.
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