OP: Costa del Sol; calidad y servicios.

La temporada estival, como cada año, se estrena con las cifras masivas de reservas y previsiones de ocupación para disfrutar de la Costa del Sol y paralelamente las cifras de reducción de los servicios públicos por vacaciones. El contraste de estos datos -incremento exponencial de población, decremento significativo de los servicios- resulta problemático. Sin duda la situación actual de crisis depara el escenario menos propicio para demandar medidas estructurales, pero conviene subrayar que se trata de una realidad bien conocida y además poco coyuntural, que se repite cada año durante tres meses, de modo que no cabe justificarse en lo inesperado ni apelar al posibilismo de las buenas intenciones. Un destino turístico de primer nivel internacional no debe permitirse la descalificación de unos servicios públicos deficientes que no cumplan los estándares básicos, y tampoco el daño para su imagen que esto depara. En definitiva se trata de problemas que afectan a planos esenciales de la ciudadanía: sanidad, seguridad, limpieza. De hecho, la fortaleza de la Costa del Sol respecto a otros destinos emergentes en el área mediterránea más competitivos en los precios, más flexibles en las ofertas y más agresivos, es precisamente que ofrece un destino cercano con estándares medios de la UE en los servicios públicos. Arriesgar frente a ese valor añadido, e incluso poner en cuestión la propia capacidad de atender a ese nivel a los turistas, representaría una debilidad poco justificable. A ello se añaden otros problemas complementarios, ya que la alta ocupación del territorio agrava el deficiente saneamiento integral a pesar de que 'sol y playa' constituyen la médula del éxito del destino. Un año más, ahí están las cifras objetivas que retratan el descenso de capacidad y dificultades en los servicios públicos -cierre de quirófanos y recortes en centros de salud, servicios de limpieza con turnos reducidos, menos policías- precisamente cuando la demanda es mayor. Las administraciones, y sobre todo la Junta de Andalucía, deberían reevaluar el problema y programar soluciones que moderen su impacto, colaborando con los ayuntamientos que afrontan la mayor presión. Se impone actuar bajo una lógica del máximo compromiso con la industria más determinante para el territorio.

Editorial del diario Sur.